Materias primas críticas y perspectiva pública: El coste material de la transición ecológica y digital y la visión española hasta 2030.
Tal y como os hemos contado otras veces, la transición ecológica y digital no es un proceso inmaterial, sino una transición compleja que conlleva una serie de costes que usualmente no se tienen en cuenta o directamente se ignoran.
De manera concreta, para que España y Europa avancen hacia la neutralidad climática, necesitan una cantidad creciente de materias primas críticas: desde el litio para las baterías hasta el cobre que sostiene las redes eléctricas. Este hecho, a menudo relegado a un segundo plano, sitúa a las materias primas en el centro de un debate cada vez más relevante: el de los límites materiales del modelo “verde”.
Las tecnologías que sustentan esta transformación del modelo económico-productivo (energías renovables, almacenamiento energético o elementos de la digitalización) no eliminan la dependencia de recursos, sino que la transforman, es decir, se sustituye la dependencia de los combustibles fósiles por una nueva dependencia de materias primas críticas, las que además Europa tampoco posee en abundancia.
En este sentido, la transición energética y digital es también una transición material. La presión sobre determinados minerales aumenta de forma significativa con estos cambios y con ella los impactos asociados a su extracción, procesamiento y transporte. Con lo que, para la evaluación de la sostenibilidad del modelo se debe considerar el ciclo completo de los materiales que lo hacen posible, más allá de las emisiones durante su uso.
Es decir, aunque las energías renovables (y por extensión los medios digitales y las nuevas formas de producción basadas en la electrificación) per se durante su uso no emitan emisiones, se debe considerar el ciclo de vida del producto, que incluye la extracción, procesamiento y refinado de sus partes, lo que conlleva que inevitablemente que las mismas sean algo contaminantes.
En este contexto y con ese dilema, el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales (2026–2030), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de marzo y que se dio a conocer el pasado 14 de abril en Madrid, en una presentación el pasado constituye la respuesta estratégica de España para garantizar el suministro de estos recursos bajo un enfoque que trata de combinar sostenibilidad, autonomía y competitividad. De manera concreta el Plan sigue la lógica y el espíritu de las iniciativas europeas orientadas a reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro y a reducir la dependencia de terceros países en un entorno internacional cada vez más complejo (especialmente si se tiene en cuenta que China controla directamente o por redes clientelares la mayoría de la producción o suministro de estos materiales críticos).
En relación con lo anterior y tal y como os hemos contado en otros artículos, Europa parte de una posición de cierta vulnerabilidad en este ámbito, debido a la concentración geográfica de muchas materias primas críticas en países terceros y por ende a su elevada dependencia de importaciones. Algo que ha quedado evidenciado en los últimos años, pues diferentes crisis han puesto de relieve la importancia de contar con cadenas de suministro más diversificadas y robustas.
En respuesta, se está consolidando una estrategia que busca reforzar las capacidades internas de extracción, procesamiento y reciclaje, avanzando hacia una mayor autonomía material.
De manera simple, se trata de pensar en la forma de que Europa explote de manera más eficaz los recursos que pueda tener en su propio territorio y que a su vez acabe por aprovechar mejor los materiales que ya ha importado (vía reciclaje y recuperación), de tal forma que las necesidades de importar del exterior se vean reducidas considerablemente.
Este enfoque tiene, no obstante, algunos retos relevantes.
En primer lugar, en cuanto al aprovechar mejor los recursos ya existentes, la lógica del Plan sitúa a la economía circular como una pieza fundamental, es decir, se trata de alargar la utilidad de los recursos que ya están en el sistema y ello se puede realizar de diversas formas, aunque presenta importantes desafíos técnicos y tecnológicos.
Principalmente, queda de relevancia que, si bien se pretenden introducir medidas e iniciativas orientadas a la recuperación de recursos de los residuos, puede que las cadenas tanto de producción (en tanto que el ecodiseño como alternativa no se encuentra muy extendido) como de recuperación (las técnicas para separar y recuperar metales son complejas, costosas y no están perfeccionadas en muchos casos) no estén lo suficientemente maduras, adaptadas o apoyadas.
En ese sentido, si bien recuperar el mayor número de materiales es sin duda clave, es por otro lado un desafío técnico considerable y de igual modo, el reciclaje no está exento de pérdidas de material (es técnicamente imposible recuperar el 100% de los materiales, parte se pierde en el proceso) ni de efectos contaminantes (los procesos de fundición, recuperación o transformación de residuos conllevan inevitablemente consumos grandes de energía y altas emisiones).
Siendo consecuentes y si bien la voluntad del Plan es positiva al querer fomentar la circularidad y la recuperación de materiales, queda evidenciado que ello no puede ser la única respuesta, aunque si una de las claves.
Por ello y dado que el desarrollo de la circularidad presenta todavía limitaciones, al menos en el corto y medio plazo, la extracción de nuevos recursos seguirá (tal y como sugiere el Plan) desempeñando un papel relevante en el suministro de materias primas.
En este sentido, el Plan incorpora medidas orientadas a mejorar la sostenibilidad de la actividad extractiva, incluyendo la integración de criterios ambientales más exigentes, la restauración de espacios afectados y la consideración de la biodiversidad en el conjunto del ciclo de vida de las explotaciones. Asimismo, se promueven mecanismos que buscan reforzar la trazabilidad y la responsabilidad en las cadenas de suministro internacionales. Estas iniciativas reflejan un intento de equilibrar la necesidad de recursos con la protección del entorno.
Y si bien es cierto que esa es la voluntad del Plan, nunca hay que olvidar que el proceso de minería es intensamente contaminante y destructor y que, aunque se alivien sus efectos perjudiciales, sigue siendo una parte increíblemente perjudicial para el medioambiente de aquellos lugares donde se instala.
En definitiva y desde el aspecto técnico y científico, si bien el Plan supone un claro avance hacia medidas positivas de circularidad, que a la larga y de manera consecuente permitirán una mayor sostenibilidad a España y Europa, el mismo tiene varias carencias.
En primer lugar, es muy relevante que la visión del Plan sea meramente productiva y extractivista, pues si bien es evidentemente necesario revisar la producción de bienes, tal y como hemos puesto de manifiesto en otros artículos, es igual de importante o más pensar que el mejor residuo es el que no se genera y que por ende la mejor materia prima es la que no se extrae, pues no se generan irreversibilidades ambientales.
En ese sentido, por supuesto que es importante la circularidad y la recuperación de residuos y por ende es clave repensar los sistemas productivos, pero es clave repensar las cadenas de consumo y es ahí donde el Plan falla, no plantea medidas de alargascencia, ni plantea formar a la ciudadanía en esa materia.
El verdadero problema sigue siendo pensar en el planeta como un lugar de recursos infinitos, cuando en realidad el mismo tiene una serie de limitaciones físicas y materiales claras, con lo que reducir el consumo y alargar al máximo la vida útil de los bienes es una parte fundamental de la sostenibilidad y es algo que el Plan (y que la lógica de la vieja Europa) hasta ahora no contempla.
Además, desde la perspectiva de la ciencia de la administración también cabe analizar el Plan y si bien el mismo puede interpretarse como una expresión clara de la voluntad del Estado de intervenir en este ámbito mediante una política pública estructurada a fin de mejorar la situación y avanzar hacia la sostenibilidad, su puesta en práctica no deja de suponer algunos problemas o deficiencias legales o eminentemente administrativas.
Concretamente y si bien el Plan define objetivos, prioridades y un conjunto de actuaciones que se articulan en torno a una estrategia general (tal y como ortodoxamente debe ser una política pública), su desarrollo efectivo depende de una serie de factores adicionales que complican su puesta en práctica.
En primer lugar, los planes y las estrategias que desarrollan políticas públicas son expresiones de la voluntad ejecutiva de la administración de querer hacer algo o incidir en algo, pero para que ello sea realmente eficaz y posible el marco legal debe acompañar y permitir esa voluntad, es decir, existe un binomio en el que inevitablemente deben estar coordinadas las medidas de ejecución y las disposiciones legales.
Concretamente a este respecto, destaca la necesidad de adaptar y actualizar el marco normativo existente, especialmente en materia de minería, no obstante, la mayoría de cambios legislativos que propone el texto están en fase de desarrollo y otras no están todavía en fase de debate parlamentario (además de que actualmente el Congreso de los Diputados se encuentra muy dividido y alcanzar cualquier acuerdo resulta una tarea arduamente complicada, especialmente en temas tan sensibles).
Esto introduce un cierto desfase temporal entre la definición de la estrategia y su plena implementación.
Asimismo, una buena parte de las medidas propuesta presenta un carácter meramente programático, en el sentido de que establece líneas de actuación de forma muy general que deberán concretarse progresivamente mediante instrumentos específicos y no exigibles de manera directa o que en muchos casos dependen de la voluntad de la administración de ejecutarlos y en otros casos dependen de la voluntad de cooperación de otras administraciones no estatales (comunidades autónomas).
Este enfoque si bien puede permitir dotar de flexibilidad a la política pública, un seguimiento continuado para asegurar su materialización, pues son muchos los casos en los que ante una no exigibilidad directa, hay ciertas actuaciones que acaban por no ejecutarse.
Otro aspecto relevante es la dimensión territorial de la política. La gestión de los recursos implica la participación de distintos niveles de la administración, en particular de las Comunidades Autónomas que tienen algunas competencias en materia ambiental.
Esta configuración exige en primer lugar que haya voluntad en las comunidades autónomas de querer seguir está misma lógica, además de mecanismos de coordinación que permitan adaptar las medidas a las realidades territoriales, garantizando al mismo tiempo una cierta coherencia en su aplicación, lo cuál puede ser problemático, dado el funcionamiento ocasional del sistema de las autonomías como un sistema de reinos de taifas que funcionan a su antojo.
En definitiva, si bien el Plan constituye un importante avance hacia la sostenibilidad, su futuro éxito no está del todo claro dados los impedimentos de ejecución y legales que por ahora contempla, e igualmente aunque en términos generales supone importantes avances, su enfoque resulta tal y como se ha comentado previamente, un enfoque meramente extractivista y consumidor y en realidad la verdadera sostenibilidad se alcanza no únicamente vía reciclaje, sino especialmente vía reducción del consumo.
La mejor forma de fomentar la sostenibilidad es evitar generar irreversibilidades, por ello, el mejor residuo es el que no se genera y la mejor materia prima la que no se extrae.
Concluyentemente, el Plan supone un avance positivo, pero sigue sin ser suficiente para alcanzar un verdadero ecosistema social-productivo sostenible.
